II CONGRESO DE ARBITRAJE Y JURISDICCIÓN

El arbitraje está tan firmemente anclado en los usos del comercio que es difícil encontrar un contrato transfronterizo que no incluya un convenio arbitral. Ningún otro mecanismo de resolución de controversias ofrece la misma flexibilidad, similar discreción o parecida eficacia. Ninguno goza de igual confianza transnacional, se adorna de mayores ventajas prácticas, ni resulta más próximo y familiar a quienes impulsan el mundo de los negocios.

En lo interno, el arbitraje es un sistema, un conjunto individualizado y armónico formado por la suma de los preceptos que lo regulan; cuidadosamente pensados para que los particulares puedan resolver de forma definitiva —pero flexible, discreta, privada y eficiente— las desavenencias patrimoniales que les separan.

El sistema de arbitraje lo es de un determinado país y se refiere a un cierto momento histórico. En los países de larga e intensa tradición arbitral —como lo es España— la realidad del arbitraje ha cambiado profundamente y se muestra en grados y formas muy distintos a los tradicionales a veces, rigorosamente contrarios. En cada momento, el ámbito y el modo del arbitraje es lo que el Estado tolera o promueve; o si se quiere, lo que el Estado protege y promociona.

Pero lo cierto es que la realidad arbitral de un país la conforma la jurisprudencia de sus tribunales. La más permisiva, favorecedora y sofisticada Ley de Arbitraje —como lo es hoy la española— puede ser fácilmente neutralizada por una jurisprudencia adversa. Por contra, la más desarreglada Ley de Arbitraje, la menos permisiva y más desacertada, puede ser interpretada de manera tal que los jueces dinamicen o moderen las carencias del legislador permitiendo que el arbitraje cumpla su función de modo tan eficiente, que sea seguro elegir un país como España como sede en el que sustanciar un arbitraje.